Nuevo varapalo judicial para las entidades bancarias en plena vorágine sobre la retroactividad
La Comisión Europea a través de sus expertos ha dado un espaldarazo a la posibilidad de conseguir que la banca tenga que devolver todo lo cobrado indebidamente en el caso de las abusivas cláusulas suelo de las hipotecas.
Los agentes de la Comisión Europea determinan que “no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor –y a la que está obligado el profesional- en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia.” Todavía habrá que esperar unos meses a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que los tribunales españoles dejen de aplicar la doctrina del Tribunal Supremo que impedía reclamar la retroactividad desde el inicio.Mientras tanto la justicia sigue con paso firme hacia la nulidad y resarcimiento a los afectados. La pericia de los letrados encuentra vías legales que sortean una doctrina del Tribunal Supremo incongruente con sus propios pronunciamientos anteriores sobre la nulidad contractual.
En un auto de la Audiencia Provincial de Tenerife, a instancia de una demanda presentada por los letrados Antonio Santana, María I. Amador y Carmen Rita Rodríguez, asociados a la plataforma Denunciascolectivas.com, se confirma la sentencia de primera instancia en la que se condena al BBVA a devolver las cantidades indebidamente cobradas por la entidad desde el inicio del contrato hasta el 9 de mayo de 2013, que ascienden a 3.998,32 euros a lo que hay que sumarle los intereses legales desde la interposición de la demanda.
Esta sentencia es firme y no caben recursos sobre la misma y supone un soplo de aire fresco para aquellas personas que habiendo sido afectadas por el fallo del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 en el que se establecía la irretroactividad de las cláusulas suelo para las tres entidades demandadas (BBVA, Cajamar y Novacaixa Galicia). A pesar de haber ratificado su postura el Tribunal Supremo en el mes de marzo de 2015 emitiendo una sentencia para confirmar la doctrina a seguir, con esta sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife los letrados logran sortear un posicionamiento que todo parece indicar va a ser cuestionado también por el TJUE.
Aunque todavía hay que mantener ciertas reservas hasta que el TJUE se pronuncie definitivamente, parece que la vía judicial está cambiando su rumbo hacia la dirección de poder resolver un galimatías jurídico que tiene millones de afectados y que ha generado un gran problema de seguridad jurídica.
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