Desde Denunciascolectivas se añade que el sistema ahorra dinero a los bancos “que son los que han causado el problema y además no asumen responsabilidades”. Podemos dijo que espera a ver el texto para tener una opinión formada.
El Gobierno, el PSOE y Ciudadanos han pactado el
mecanismo para articular la devolución por parte de los bancos del dinero
cobrado por las cláusulas
suelo de las hipotecas que sean abusivas
o poco transparentes después
de que la justicia europea fallara en contra de las entidades. El Ejecutivo prepara un real decreto, que se
aprobará este viernes, que obligará a los bancos a avisar a todos los clientes
con cláusulas suelo. Sin embargo, las entidades no estarán obligadas a devolver
el dinero si creen que los contratos no eran opacos. La devolución deberá ser
en efectivo, salvo que el cliente pacte otra vía.
El texto no se tramitará como proyecto de ley por lo
que entrará en vigor en poco tiempo, según fuentes socialistas consultadas. La
rapidez de la puesta en marcha del mecanismo es otro de los asuntos clave tanto
para el Gobierno como para el PSOE para evitar la judicialización de un asunto
que afecta a 1,4 millones de clientes.
El acuerdo a tres bandas permitirá que el mecanismo de
compensación salga adelante como decreto ley y no como proyecto de ley. La
cuestión es importante porque el proyecto de ley admite enmiendas en el trámite
parlamentario y puede demorarse más de cuatro meses su aprobación. Con la fórmula
del decreto ley, si el texto se aprueba este viernes en el Consejo de
Ministros, debería estar en vigor el 20 de febrero, un mes después. A partir de
esa fecha, el banco tendrá tres meses para avisar a todos los clientes con
cláusulas suelo y cerrar un acuerdo. Si no hay pacto, el cliente podrá ir a los
tribunales.
1,4 millones de
demandas
Con este mecanismo se pretende frenar la llegada de
hasta 1,4 millones de demandas de los clientes con cláusulas a los juzgados, lo
que hubiera bloqueado la justicia. Pese a que los bancos deben avisar a los
clientes, eso no implica que vayan a pagarles la cláusula suelo. “En el caso de
que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las
razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el
procedimiento extrajudicial”, dice el borrador del decreto.
Es decir, los bancos que consideren que sus
condiciones eran fácilmente detectables, como sostiene el Banco Sabadell, no
tendrán la exigencia legal de devolver el dinero. Fuentes socialistas presentes
en la negociación comentan que “una obligación de devolución a todos los bancos
hubiera sido inconstitucional porque no todos los bancos están condenados por
el Supremo”.
Algunos bancos, como el BBVA, consideran que, aunque
están condenados por el Supremo, cuentan con una parte de sus clientes que son
profesionales financieros, notarios o registradores de la propiedad entre otras
ocupaciones, para los que la cláusula fue transparente y perfectamente
entendible. Por eso consideran que no están obligados a devolverla. De hecho,
según los cálculos de la entidad, solo pagarán la mitad del dinero comprometido
en hipotecas con cláusulas.
Además del importe cobrado de más, también deberá
devolverse los intereses de demora. Uno de los temas más delicados era cómo
puede el cliente comprobar que la cantidad total que se le ofrece es la
correcta, ya que la cifra es difícil de calcular. Para evitar que el hipotecado
tenga que dar un sí o un no con rapidez, el texto ofrece 15 días para decir al banco
si está o no de acuerdo. En este tiempo puede revisar si la oferta financiera
es adecuada mediante consultas a abogados u organizaciones de consumidores.
Para frenar demandas masivas de los nuevos despachos
de abogados, e incentivar que se busque un acuerdo rápido y extrajudicial, la
norma establecerá que el banco no podrá ser condenado a costas si el cliente
rechaza la oferta del banco y el juez le ofrece lo mismo o menos que lo que le
daba la entidad. Si el juzgado le concede más dinero de lo que le ofreció la
entidad, el banco sí pagaría las costas. Este coste judicial puede llegar a ser
tan costoso como el importe de la reclamación, por lo que a los bancos no les
interesa perder los juicios.
Otro de los asuntos clave es que la compensación sea
en metálico como primera opción. No obstante, el banco podrá ofrecer otros
productos o condiciones de la hipoteca, bajado a de la cuota o reducción del
principal, siempre que el cliente firme y dé su consentimiento a esta fórmula.
El Gobierno creará un organismo de control para
vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas a la banca. Deberá
presentar un informe semestral y podrá recabar información complementaria de
las entidades y promover medidas si lo considera necesario. Este consejo tendrá
representantes del Colegio de Abogados, del Consejo de Consumidores, del
Ministerio de Economía y del de Justicia. La presidencia recaerá sobre uno de
estos ministerios, probablemente el de Justicia. Es posible que también cuente
con representantes del Banco de España.
Responsabilidad
bancaria
Las asociaciones de consumidores no se han opuesto
radicalmente, aunque sí coinciden en destacar que “será la banca quien decida
realmente quién y cuánto cobran extrajudicialmente los importes debidos por las
cláusulas suelo”, como apunta la OCU. Adicae cree que “la fuerte presión de la
banca puede acabar que el sistema extrajudicial sea ineficaz”. Desde
Denunciascolectivas.com se añade que el sistema ahorra dinero a los bancos “que
son los que han causado el problema y además no asumen responsabilidades”.
Podemos dijo que espera a ver el texto para tener una opinión formada.
Desde Davos, el ministro de Economía, Luis de Guindos,
mostró su optimismo por el texto y comentó que “el Gobierno ha establecido un
mecanismo gratuito que evite a los clientes ir a los juzgados, pero siempre
podrá utilizar la tutela judicial”.
Según fuentes socialistas, la razón por la que el
texto se ha aplazado en dos ocasiones ha sido “porque la negociación ha sido
muy dura. Muchos temas que ahora están en el decreto, antes no aparecían”,
según el diputado Pedro Saura. Y pone como ejemplo que se especifique la
devolución de los intereses de demora, que el banco tenga que avisar al
cliente, el tratamiento fiscal y que figure el pago en efectivo con la posibilidad
de responder en 15 días, sin prisas. “El Gobierno no quería estas cuestiones en
el decreto... la presión de la banca es muy fuerte”, comenta.
El Gobierno, el PSOE y Ciudadanos eran partidarios de
que saliera el texto con rapidez para evitar la incertidumbre entre los
clientes. La pelota está en el tejado de los bancos, y de los jueces, si llegan
más demandas. Las entidades se juegan mucho desde el punto de vista comercial
(los clientes con hipotecas son los mejores) y reputacional.
Noticia Publicada por Íñigo de Barrón, El País (19-01-17)
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